lunes, 24 de junio de 2013

Índice de Estados fallidos

La organización Fund for Peace, en conjunción con la publicación Foreign Policy elaboran año con año, desde 2005, el Índice de Estados Fallidos (FSI, por sus siglas en inglés)[1]. Los factores determinantes de la calificación de los países y su posición en el ranquin del mencionado índice, son indicadores sociales, económicos, políticos y militares que atienden a la realidad de las sociedades de 177 países.

Tomando en cuenta que la definición de Estado fallido suele ser un tanto ambigua y que su ocurrencia podría darse solamente en alguna medida, en determinadas facetas o en un territorio específico y no necesariamente en la totalidad del Estado, el FSI no pretende sino mostrar qué países tienen un mayor riesgo de catalogarse como tales. Para ello, evalúa el cumplimiento efectivo que los Estados hacen de las funciones que le corresponden y la capacidad que tienen sus gobernantes de hacerlo. Su referencia son doce indicadores que contribuyen a que la definición del índice vaya más allá de la usual confusión entre ingobernabilidad y falla absoluta del Estado.

Los países que ocupan las diez primeras posiciones, cuya calificación fue la más alta y por lo tanto son los que más riesgo de catalogarse como Estados fallidos tienen, se caracterizan por ser Estados en los que la conflictividad social ha sido rampante en los últimos años, amenazando con prolongarse, y en los que las violaciones a los derechos humanos han vulnerado la existencia de sus ciudadanos, independientemente de la edad o grupo social al que pertenezcan. Así sucede en la República Democrática del Congo, cuya parte Este es denominada la «capital mundial de las violaciones» y ocupa la segunda posición del ranquin.

Otros países como Somalia, que es el primero de la lista, y Sudán, son claros ejemplos de cómo la conflictividad derivada de la ausencia de democracia, contribuye a la ingobernabilidad y al socavamiento de las funciones del Estado como un todo. Otros países, como Chad, son víctimas de los problemas que derraman sus vecinos, mientras Haití y la República Centroafricana también se encuentran entre los diez peores lugares por su vulnerabilidad e incapacidad de recuperación frente a desastres naturales, o a problemas de seguridad alimentaria, entre otros factores.

Guatemala ocupa el puesto número 70 en la lista y la puntuación más alta -la peor- en los doce grupos de indicadores que se evalúan, corresponde a la desigualdad en el desarrollo económico. Otros factores como la presión demográfica, la reivindicación de los pueblos originarios y su búsqueda de «venganza» le siguen en el orden de calificación, mientras que otros indicadores, como los de intervención extranjera, derechos humanos y aplicación de la ley, pobreza, legitimidad de las instituciones y de provisión de servicios públicos, obtienen una menor calificación, contribuyendo a mejorar la posición del país en la lista.

Tanto el ranquin como las calificaciones de Guatemala nos permiten poner en perspectiva la realidad nacional y evaluarla con respecto a la del resto de países del mundo. Ciertamente, si atendemos al FSI, algunos países de África y de Asia son más vulnerables de catalogarse como Estados fallidos -hay 69 antes que Guatemala-. Sin embargo, como partícipes de esta desventura nacional y en un contexto de escasa gobernabilidad -en algunas regiones-, conflictividad social, no aplicación de la ley y la justicia, no provisión de servicios básicos, y pobreza, no podemos relajarnos frente a la posición obtenida ni ante la realidad que vivimos diariamente. Ningún guatemalteco puede negar las grandes carencias que la sociedad enfrenta, ni las angustias que todo ciudadano vive diariamente dentro del esquema descrito.

Una vez más, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza y Dinamarca ocupan los mejores puestos. No está de más revisar tanto la historia como las políticas públicas dirigidas en esos países, a fin de determinar si es posible importarlas a Guatemala y el momento oportuno para hacerlo y que nuestra sociedad sea capaz de acogerlas. La puntuación de los 177 países y la lista que establece el ranquin pueden ser consultados en: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable.

[1] The Failed States Index 2013: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable





domingo, 23 de junio de 2013

La inversión extranjera frente a las carencias sociales

De pronto, la bandera de los gobiernos de América Latina ha cambiado de enfoque y, en ocasiones, parecieran centrarse en un modelo de desarrollo con base en la inversión extranjera. Las intenciones por atraerla se han incrementado en Centroamérica, región cuyos países se han esforzado en mendigar los fondos destinados a la cooperación por parte de los países «desarrollados».

Así lo demuestran tanto las actividades desarrollados en Honduras y Guatemala para la promoción de la inversión -con una organización impecable-, como las dádivas chinas en Costa Rica. El mendrugo por el que pelean ahora es la inversión china y la taiwanesa, el primero de los cuales trata de ganar terreno político en América Latina, mientras que el segundo está más preocupado por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a su «apoyo».

Como he mencionado en una anterior publicación, la estampa de estos movimientos es la teoría del derrame (trickle down theory), la cual plantea que los beneficios a los que tengan acceso las personas que invierten, son determinantes del bienestar de los más pobres, de mejoras en el país y de la economía en general. 

Que la inversión es positiva para el desempeño de la economía y la mejora de los países no es cuestionable. Sin embargo, el momento en el que las políticas públicas de un país se esfuerzan en aumentarlas no debe de estar supeditado a las intenciones de las élites nacionales, ni debe significar el desplazamiento de las políticas que están dirigidas directamente a mejorar el nivel y calidad de vida de sus ciudadanos.

La tarea aún está pendiente en Guatemala, en donde la desnutrición, la educación, la salud y la inseguridad, son temas a los que no se puede dejar de prestar atención. De manera personal, estoy convencido de que  hay que quitarle el hambre a la gente, antes de ponerla a trabajar, o en el mejor de los casos, hacerlo simultáneamente.

Para dejar de ser un país de ineptos, tenemos que dejar de producirlos. Esto es, prestar atención a los problemas de las bases de la sociedad que son los que no permiten que nuestro país salga adelante; invertir en la sociedad y en atender sus carencias. Por eso, tanto los esfuerzos públicos como los privados, dirigidos a la reducción de la desnutrición, mejora de la educación y la salud en el país, son positivos desde cualquier perspectiva.

¿Corredor interoceánico en Guatemala?

En noviembre de 2011, cuando aún era Presidente Electo, Otto Pérez Molina se comprometió, durante un evento en el estadio de Zacapa y junto a seis de sus futuros ministros, a apoyar el proyecto del Corredor Tecnológico Interoceánico. Los desarrolladores del corredor, un proyecto de iniciativa privada, utilizan al Estado a nivel de gobierno central y de municipalidades para la consecución de acuerdos, además de la atracción de inversión extranjera.


En el contexto de los esfuerzos de atracción de la inversión en que han emprendido los gobiernos de la región centroamericana -mencionado en una publicación anterior-, el Presidente Pérez Molina, cual gestor o promotor del referido proyecto, se encargó de buscar inversionistas para el mismo, durante su reciente visita a Taiwán.

El referido megaproyecto constituye un puente terrestre que atravesará 22 municipios y cuenta con el apoyo de 46 municipalidades, en aras de aumentar el desarrollo local. Planean, entre otras cosas, construir dos terminales portuarias, un aeropuerto, un oleoducto y un ferrocarril que atraviesen 372 kilómetros de Jutiapa a Izabal.

Más allá de lo cuestionable que podría resultar la capacidad de los desarrolladores del Corredor de conseguir el financiamiento deseado de manera lícita, el verdadero reto es la magna competencia frente a la cual se enfrentaría el puente. Corredores interoceánicos pretenden crearse a lo largo del istmo e incluso en Sudamérica, en competencia con los puentes terrestres estadounidenses, con el canal de Panamá y la ampliación del mismo, la cual, según Julio Héctor Estrada, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-, es el mayor de los desafíos. Con la ampliación del Canal de Panamá y la capacidad de la prestación de su servicio, las soluciones tardías que ofrece el resto del istmo a una problemática que pronto estará desvanecida, son ilusorias.

La reciente concesión otorgada a un inversionista chino para la construcción y administración de un corredor similar en Nicaragua, disminuye aún más la posibilidad de que el que pretende construirse en Guatemala, represente un atractivo para inversionistas extranjeros, especialmente si se mantiene el ritmo que hasta ahora se ha evidenciado lento y completamente desfasado con la planificación incialmente planteada.

Tanto la promoción de Pérez en Taiwán, como la concesión de Nicaragua al empresario chino, evidencian la flagelación de los gobiernos de la región ante el capital proveniente de China y Taiwán, lo cual no deja de ser parte de la estrategia política de ambos países asiáticos. El primero de ellos, tratando de ganar terreno político en América Latina, mientras el segundo se preocupa por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a sus dádivas.

Tanto Pérez como Ortega se esfuerzan porque su legado sea de prosperidad y desarrollo para sus países, dejando en claro que que la máscara o estampa de los mencionados esfuerzos es la Trickle down theory. Frente a los beneficios en materia de empleo y de expansión de la producción nacional, cabe también cuestionar la capacidad de la población de los municipios involucrados, de ejercer en puestos de trabajo como los generables por la iniciativa. 

Chiquimula y Zacapa, ambos departamentos en los que tendría presencia el Corredor, ocupan el segundo y tercer puesto en el nivel de pobreza extrema rural, según el Mapa de Pobreza Rural 2011. En general, los departamentos de la región que atravesará el proyecto cuentan con una pobreza rural de entre 60 y 79 %, según el mapa referido. En cuanto al analfabetismo en la región, Conalfa reportaba, al 2011, que las tasas van del 19 al 27 % de sus poblaciones. Además, al año 2010, la PEA de la región era de alrededor del 10 % del total del país.

Así, cabría esperar que sean los pobladores de otras regiones del país los que, con mejores condiciones de educación, salud y capacidad técnica, sean los aceptados a cubrir las plazas de empleo en el proyecto, en el largo plazo y luego de la construcción del mismo.

Lo anterior no supone una crítica a los beneficios que, en el corto plazo, generaría la consecución del proyecto para los pobladores de los municipios que atravesaría. Es, en cambio, un llamado de atención a los esfuerzos gubernamentales por arrogarse la promoción del proyecto y una solicitud a que, en cambio, destinen la mayor parte de los mismos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos en el largo plazo, mediante la adecuada orientación de políticas públicas, sin las cuales, el beneficio a obtener por proyectos de inversión e infraestructura, no dejará de ser para algunos pocos.




sábado, 8 de junio de 2013

La Constitución y el aborto

El tema del aborto enlaza y pone sobre la mesa distintos temas: adopción, planificación familiar, violaciones, religión, ética, moral y, entre otras cosas, una situación que compete a todos y que no había considerado en absoluto: la Constitución Política de la República de Guatemala. 

En declaraciones con respecto a la aprobación y agradecimiento que algunas organizaciones civiles mostraron al Presidente Pérez Molina por su valentía al no firmar las convenciones interamericanas contra toda forma de Discriminación, Racismo y Formas Conexas a la intolerancia, este hizo referencia al tema de la Constitución.[1] 
Esta última refiere, en su Artículo 3, el del derecho a la vida, que:
El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.[2]
Como pleno reconocedor de que las convenciones sociales no son necesariamente correctas y de que estas requieren actualización y replanteamiento a lo largo del tiempo, me atrevo a cuestionar el artículo. El Presidente pareciera estar convencido de la misma necesidad, pero no avala el diálogo en temas con los que «no está de acuerdo». Efectivamente, el año anterior planteó distintas reformas a la Costitución, pero la inoperancia de sus representantes en el Congreso (PP), no permitió que avanzaran ni en el pleno ni fueran aceptadas por el público. Dicha propuesta no planteaba cambios a la protección de «la vida humana desde su concepción».

De vuelta al artículo mencionado, resulta interesante cómo este plantea la protección de la integridad humana inmediatamente después de la de la vida desde su concepción. Es necesario reconocer que, en ocasiones, la vida y la integridad de algunas mujeres se ve amenazada por el embarazo o el nacimiento del niño. 


Sin embargo, mi postura no es a favor del aborto cuando el embarazo ponga el riesgo la vida de la madre. Me parece más sensato, frente a todo, admitir que la madre, quien porta el feto y está condenada a padecer las molestias del embarazo, sea libre de elegir si está dispuesta a entregarse en razón y en sentimientos a la criatura que porta. La madre no solamente juega el papel de «bolsa» portadora del vientre, sino que el embarazo también supone procesos emocionales que muchas mujeres no están dispuestas a aceptar o a manejar.


Además, también cabría realizar un análisis, desde el punto de vista del derecho, acerca de cuál es la mejor interpretación de la integridad humana, más allá de su definición de la «conservación de todas sus partes». De igual manera, es importante seguir la discusión con respecto a cuándo comienza la vida humana. Esto, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense resolviera de la siguiente manera en el muy comentado caso de Roe v. Wade:

No es preciso que resolvamos la difícil pregunta de cuándo comienza la vida. Si aquellos entrenados en las respectivas disciplinas de medicina, filosofía y teología, son incapaces de llegar a algún consenso, tampóco está la judicatura a estas alturas del conocimiento humano en condiciones de especular.[3]
Me parece que el ser humano nunca debe de exonerarse de la tarea de cuestionarse a sí mismo e ir más allá de lo reconocido por las referidas ciencias y por las mayorías. Es muy valioso enriquecer el diálogo desde la opinión popular, puesto que la sociedad misma es la que avala la aplicabilidad y vigencia de las leyes y demás preceptos.



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[1] Agradecen al Presidente Pérez Molina la defensa a la vida y a la Constitución: http://guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/4087-agradecen-al-presidente-p%C3%A9rez-molina-la-defensa-de-la-vida-y-la-constituci%C3%B3n
[2] Constitución Política de la República de Guatemala: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
[3] Roe vs. Wade, 410 US 113 (1973).

viernes, 7 de junio de 2013

Deuda pública guatemalteca

¿Cuál es el riesgo?

Siglo XXI reporta  en su edición del 6 de junio de 2013, que la «deuda se acerca a los estándares aceptados», por lo que Édgar Barquín, Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, hace un llamado a la mesura en el gasto público al gobierno central. En representación del Banco Central, refiere que para que la deuda sea sostenible en el largo plazo, el déficit fiscal debe situarse por debajo del 2 % del PIB.[1]

El Fondo Monetario Internacional, reconoce la dificultad que representa, en la praxis, definir un nivel de deuda pública cualificable como «prudente». Observa, también, que la tendencia en las economías avanzadas apunta a la reducción de los déficits en el 2013, a un ritmo más rápido que en el año anterior.[2

El déficit fiscal de Guatemala en la actualidad es del 2.1 % del PIB, pero podría alcanzar el nivel de 2.5 % el presente año, nivel que Barquín califica de «estándar internacional». Después de Nicaragua, conserva el nivel más bajo en Centroamérica.


Imagen obtenida de: independent.typepad.com          
Fuente: independent.typepad.com
 El total de la deuda pública asciende a 25 % del PIB en el caso       de Guatemala, 61 % en El Salvador, 34.1 % en Honduras, 56 % en  Nicaragua, 51.5 % en Costa Rica y 39.8 % en Panamá. Evidentemente, Guatemala tiene la deuda pública más baja, cuando esta se presenta como porcentaje del PIB. Sin embargo, en marzo de 2013, la deuda pública guatemalteca alcanzó los Q102 mil 513 millones, un monto para nada bajo.

 Las proporciones son grandes, pero el fondo del asunto va más  allá del riesgo de default de un país por las proporciones de su  deuda o la insostenibilidad de sus déficits. Guatemala, en  realidad, aún está lejos de encontrarse en una situación de  potencial impago. Standard & Poors y Moody's, calificadoras del  riesgo de los países, han situado el guatemalteco en la  clasificación de «estable».[3

Los países de la Unión Europea que se encuentran en una situación crítica por el estatus de sus finanzas públicas, tienen déficits anuales que duplican y cuadruplican la relación que conserva Guatemala entre déficit y PIB, y para el caso de la deuda pública, hay algunos con, incluso, seis veces la proporción deuda/PIB de Guatemala.

Así, España, al año 2012, reportaba un déficit de 10.6 % del PIB y una deuda pública del 84.20 % de su PIB. Portugal y Chipre se sitúan en un déficit de poco más del 6 % para el mismo año, con deudas públicas de 123 y 85 % de su PIB, respectivamente. Además del caso de Grecia, cuya deuda pública asciende a 156 % del PIB y su déficit fiscal al 10 % en 2012. [4

Estando relativamente alejados del riesgo crítico en que se han posicionado las economías europeas, hay otro tipo de situaciones potencialmente riesgosas para la economía nacional:

Existen sustanciales evidencias de que la presencia de un alto déficit fiscal en una economía es el principal factor que subyace en los problemas de inflación, de los desbalances en cuenta corriente de balanza de pagos, y de la existencia de altas tasas de interés. (Camposeco & González, 2000) [5

Cuando hay déficit fiscal, necesariamente y por cuestiones «de definición» del saldo en cuenta corriente (exportaciones menos importaciones), hay un aumento en el saldo deficitario de la misma[6], lo cual ejerce presiones sobre el tipo de cambio, apreciándolo y reduciendo la competitividad de las exportaciones del país.

Además, si el gasto del sector público no es financiado con impuestos, un exceso de la demanda puede generar presiones inflacionarias, especialmente en niveles en que el gasto agregado supera al PIB. Ante una mayor disponibilidad monetaria y la estabilidad de la producción interna, los precios tienden a subir en respuesta a la escasez; si esa disponibilidad monetaria continúa creciendo de manera sostenida, se tendrá inflación.

Por último, la vigorosidad del crecimiento económico puede sacrificarse cuando hay déficits fiscales recurrentes, puesto que los gobiernos nacionales no siempre tienen a mano la disponibilidad de préstamos internacionales o la emisión de bonos. Es por eso que compiten con los consumidores locales por el financiamiento nacional, haciendo que las tasas de interés aumenten. De igual manera, la tasa de interés aplicable a los bonos emitidos por financiamiento puede continuar creciendo en la medida que se aumenta la oferta de los mismos y sus emisiones. Así, los ciudadanos podrían encontrar mayor atracción en el ahorro de su capital, antes que en su inversión.

Cabría cuestionar si las anteriores ascepciones son verídicas, especialmente frente al caso de Costa Rica, en donde la proporción de deuda pública total duplica la de Guatemala, pero las devaluaciones de su moneda son bajas, su inflación se ha matenido estable y ha crecido, al menos en el último año, a una tasa del 5.1 %[7]. Sin embargo, el resultado de los efectos enumerados se presenta en los plazos mediano y largo. El escenario más plausible es que Costa Rica comience a enfrentar niveles más altos en sus tasa de interés y haga mermar la producción nacional y el crecimiento de su economía, si sus gobernantes no se encargan de cuidar el volumen de su déficit.

Podría ser objeto de otro análisis la evaluación acerca de en qué costos se incurriría en materia social derivado de la reducción de ese déficit y cuál sería el medio de financiamiento del mismo, ya sea impuestos o reducción del gasto.


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[1] Deuda se acerca a los estándares aceptadoshttp://www.s21.com.gt/pulso/2013/06/07/deuda-se-acerca-estandares-aceptados
[2] IMF Fiscal Monitor: April, 2013.
[3] Standard & Poor's: Soberanos Listado de Calificaciones http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/es/la/?subSectorCode=39&start=100&range=50
[4] Datos macro: http://www.datosmacro.com/deuda 
[5] Camposeco & González: Las Implicaciones Macroeconómicas del desbalance fiscal y su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Flacso Guatemala. Guatemala: 2000.
[6] Partiendo de que (X-M) = (S-I)+(T-G)
[7] COPADES: Indicadores macroeconómicos seleccionados, 2011-2013