Según el Antideficiency Act de Estados Unidos, las agencias y
programas que dependen de la administración federal deberán cerrar operaciones
cuando carecen de financiamiento. La incapacidad de llegar a un acuerdo en la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con respecto al presupuesto del
nuevo período fiscal, han obligado el cierre parcial y temporal de la
administración del gobierno federal. El período del cierre es aún indefinido, puesto que las diferencias entre
republicanos y demócratas con respecto al presupuesto, no auguran consenso.
La relevancia económica del cierre temporal
mencionado se evidencia con el aporte del sector gubernamental (su gasto) a la
economía estadounidense. En 2012, el gasto del gobierno federal estadounidense
ascendió a
casi una cuarta parte (22.9 %) del valor total de la
economía de ese país. El Departamento de la Defensa es el que históricamente ha
reportado mayor asignación en la composición del gasto del gobierno federal de
Estados Unidos. En 2012, 18.4 % del gasto correspondió a la referida dependencia,
mientras 24 % fue destinado al Departamento de Salud.
Dada la relevancia de la seguridad y salud
nacionales, muchas de las actividades de los departamentos mencionados
permanecerán sin cambio, incluyendo las que realizan las fuerzas armadas
uniformadas, amparados en el Antideficiency Act y las excepciones que permite. Sin embargo, los
empleados no recibirán pago alguno y no hay previsiones con respecto al pago de
las personas que no están sujetas a excepciones, ya que el gobierno no está
obligado a pagar por el tiempo que permanezcan sin laborar.
El dicho cierre implica, necesariamente y por el
intercambio intertemporal del consumo y la inversión de los agentes económicos,
que la situación económica mermará durante el tiempo que dure el cierre; tanto por
la incertidumbre que genera en los mercados financiero y de capitales, como por
la baja en la principal fuente de financiamiento del consumo de los hogares: el
ingreso por trabajo. A partir de lo anterior y según lo demuestra la experiencia de 1995, año en que se registró una situación similar y
que duró 21 días, cabe esperar un inmediato aumento de la actividad económica
luego del cierre.
Durante el escenario de 1995, el consumo privado
continuó creciendo durante el cuarto trimestre y lo hizo aún más durante el
primer trimestre de 1996, según datos de la Reserva Federal de San Luis. El
crédito de los hogares se redujo en 1996, luego de haber crecido en 14.4 %
durante 1995, lo cual sugiere que la
actividad económica de 1996 estuvo menos relacionada al crecimiento del crédito
de los hogares.
Se observa que a pesar de las noticias, los
mercados bursátiles parecen no responder de manera negativa, luego de la caída
que reportaron el lunes 30, mientras los precios del petróleo y del oro
continúan a la baja, reflejo de que la incertidumbre con respecto al cierre y
sus efectos no ha tenido lugar. Es interesante este comportamiento, dado que
algunos analistas cuantifican los efectos del cierre en una caída de la
actividad económica estadounidense en el último trimestre de alrededor de 1.4
puntos porcentuales.
Con respecto a la economía guatemalteca, cabría
esperar alguna depreciación del dólar si la incertidumbre tuviera cabida y esta
fuera reflejada en los mercados mencionados; esto podría contrarrestar la
apreciación que por motivos estacionales ha mostrado la moneda estadounidense
desde agosto.
De lo contrario y por el reciente abastecimiento
de inventarios en el país con motivo de las celebraciones de fin de año, no
cabría esperar efectos en las importaciones, mientras que la experiencia de
1995 y su aumento en el crédito de los hogares evidencian que podría no
afectarse la demanda estadounidense de productos guatemaltecos y su
satisfacción (exportaciones). Nuevamente, esto dependerá de la duración del
cierre y de cómo la incertidumbre política aumente o disminuya, con base en
este hecho y la próxima ampliación del techo de la deuda en Estados Unidos, la
cual deberá resolverse a más tardar el 17 de octubre, y cuya última discusión y
aprobación se realizó a finales de 2011.
