Sistema Penitenciario: Queda todo por hacer

No ha habido una crisis más previsible que la que actualmente afecta al Sistema Penitenciario (SP).

Así como Edgar Camargo, Byron Lima y el resto de acusados no son los constituyentes del desastre en el sistema carcelario del país, tampoco son los traslados de reos lo único que se transa –y que es punible- al interior de las cárceles, con el consentimiento de los empleados penitenciarios en todos los niveles de mando.

Para cualquiera que conozca alguna de las cárceles del país, no es secreto que el origen del problema está en que estas funcionan con base en excepciones. Pareciera accesorio el hecho de que existe una ley y un reglamento que rigen el sistema –y que todos los reos deberían de ser iguales ante estos-, porque todo es admisible siempre y cuando esté enumerado en el permiso que supuestamente otorga la Dirección General. Tampoco es secreto que no todos esos permisos son auténticos, ni que la mayoría son obtenidos –en el caso en que sí lo sean- por quienes han logrado alguna cuota de poder dentro de la cárcel que los resguarda, ya sea porque son voceros del sector al que pertenecen, o porque continúan teniendo vínculos –incluso a nivel directivo- con sus estructuras criminales.

El logro de las capturas es laudable, sin duda, dado el persistente contexto de complicidad que garantiza la impunidad en el país. Sin embargo, se debe de analizar y cuestionar más allá de lo que ya ha sido dicho por la fiscalía, y la atención debe de dirigirse hacia las acciones del Ministro de Gobernación en cuanto al nombramiento del nuevo director, la efectiva toma de control de las cárceles, y el intento por depurar el sistema. Más importante aún, es cuestionar cuáles son los mecanismos más efectivos para evitar que reos y empleados del SP alcancen cuotas de poder que les permita abusar de su posición, considerando los incentivos a los que se enfrentan.

La militarización de las cárceles es una respuesta rápida –aunque necesariamente temporal- para suplantar las funciones de la Inspectoría General del SP, que ha demostrado ser inefectiva para echar en tierra las estructuras delictivas internas, así como el resto del sistema ha sido incapaz de garantizar su dominio. La destitución de otros funcionarios con potenciales vínculos con los ya detenidos, o con otros grupos que podrían estar delinquiendo al interior del sistema, es otra acción que podría incidir positivamente, pero en un plazo muy corto. La solución, de nuevo, apunta hacia la incorporación de controles internos y el establecimiento de incentivos para promover el apego a las normas en el personal penitenciario. Todo ello, sin duda, acompañado del tratamiento de otras necesidades que constantemente se recuerdan, como la ampliación de la infraestructura para reducir el hacinamiento carcelario.

En un plazo mayor, es necesario dar seguimiento a la definición de la política penitenciaria y a la efectiva implementación de programas para la rehabilitación y la reinserción social de los reos, que son otras de las funciones del sistema y que suelen permanecer olvidadas, ante las otras desbordantes necesidades del SP. 

Es importante no perder el enfoque, concentrarse en recuperar la institucionalidad del sistema y no equivocarse creyendo que dando castigo a una, dos o trece personas, los problemas del SP estarán resueltos, especialmente si el resto del sistema continúa operando de la misma manera. Sin duda, es mucho lo que queda por hacer.

Notas - Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?

Estas notas corresponden a la nota de debate publicada por el Fondo Monetario Internacional que se titula Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?. Un artículo relacionado se encuentra en el blog Diálogo a Fondo de la misma institución.

Los ingresos que los gobiernos perciben por la explotación de recursos naturales suelen ser cuantiosos. Gupta, Segura-Ubiergo & Flores (2014) encuentran que ese valor es equivalente al 28.5 % del PIB –promedio entre 2003 y 2013- en una muestra de 35 países que han clasificado como ricos en recursos naturales, además de que suelen representar una alta proporción del gasto público –o una mucho mayor. 

A partir de eso, ha permanecido la discusión acerca de cómo deben de emplearse esos ingresos, especialmente a partir de las consecuencias que su gestión ha tenido en los países con gran capacidad de explotación de recursos, hecho al que se suele referir como la maldición de los recursos naturales.

Entre las opciones disponibles se encuentra la incorporación de esos ingresos adicionales al presupuesto o la gestión paralela al mismo. Los mismos autores recopliaron información acerca de los mecanismos de distribución directa, los cuales se encuadran en la gestión paralela y consisten en la transferencia directa de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales a los ciudadanos.

El proceso se fundamenta en la economía del comportamiento. Algunos estudios relacionados a esa disciplina sugieren que los individuos prestan atención a los cambios en sus ingresos –en este caso, promovidos por las transferencias directas-, antes o en mayor medida que a sus ingresos corrientes, y que las disminuciones en esos ingresos adicionales –causadas por los impuestos, por ejemplo-, promueven el interés por el destino que tienen esos fondos.

A partir de eso, el objetivo de la transferencia directa de los recursos sería la reducción de la discrecionalidad en la asignación de los recursos por parte de los gobernantes, y la generación de un sentido de pertenencia de los recursos que los ciudadanos devolverían al gobierno como impuestos –los cuales no serían descontados, sino cobrados-, teniendo como consecuencia una mayor demanda por la rendición de cuentas en su utilización. De esta manera, se alimentaría un ciclo que conduciría a la transparencia en el uso de los recursos y la canalización de los mismos para la efectiva satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Las finanzas públicas serían resarcidas posteriormente, mediante la recaudación fiscal, cuando esos ingresos previamente distribuidos, fueran gravados.

La concepción existente más cercana a la puridad del mecanismo es la que se da en Alaska. En ese país existe un fondo permanente al que se destina el 25 % de los impuestos relacionados con actividades extractivas, cuyo capital principal se invierte y son los rendimientos sobre el mismo los que se distribuyen entre la población adulta, aunque con ciertas restricciones. De acuerdo con los autores, el relativo éxito que esa modalidad ha tenido, se debe al respaldo que le propicia la institucionalidad de ese estado. Sin embargo, la debilidad institucional suele ser un factor que afecta a las economías con gran cantidad de recursos naturales.

Dada su naturaleza, existen algunos riesgos en la utilización indiscriminada de un mecanismo como este, entre los que se encuentran la reducción de la oferta laboral y la profundización de la desigualdad. La ausencia de evidencia empírica con relación a la aplicación de este mecanismo, condujo a los autores a evaluar los riesgos a la luz de los resultados de mecanismos que se basan en procedimientos similares, como los de apoyo a los ingresos y las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Aunque la información disponible no es concluyente, permite identificar que los riesgos de reducción de la oferta laboral podrían mitigarse focalizando la distribución de los recursos hacia la población más pobre, debido a que esta suele tener una baja elasticidad del ocio, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la desigualdad.

Adicionalmente, como resultado de su análisis, los autores recomiendan que si se pretende incorporar el mecanismo de distribución directa de los recursos, se debe de: considerar la posición macroeconómica vigente y encuadrar la distribución de recursos en las condiciones de estabilidad propias de la economía; analizar la capacidad del sector privado de gestionar la escasez de los recursos, en atención a la necesidad de suavizar el consumo en el tiempo, a partir de la potencial disminución que el caudal financiero que generan los recursos naturales podría tener en el futuro; tomar en cuenta que como consecuencia de la dicha transferencia al sector privado, se disminuiría la capacidad financiera del sector público, con lo cual la provisión de bienes públicos podría verse amenazada. Además, no se deben de obviar los evidentes costos logísticos que la recaudación de impuestos sobre las transferencias implicarían para la administración tributaria, así como no se debe de sobreestimar la capacidad de recaudación de esta última.

Si se considera lo anterior, los autores valoran que la implementación de un mecanismo de distribución directa podría ser más eficiente que los mecanismos tradicionales de redistribución, además de que contribuirían en la construcción de redes de seguridad social. El diseño de un procedimiento de este tipo debe de incorporar los factores antes mencionados y analizar la porción de los recursos que más convendría distribuir a los hogares, frente a los objetivos de disminuir la discrecionalidad del gobernante y de aumentar la rendición de cuentas. Así, conviene definir con propiedad los roles de los sectores público y privado en la transformación de las economías ricas en recursos naturales, para el mejor aprovechamiento de los beneficios que estos generan en beneficio de su población.