Los ingresos que los gobiernos perciben por la explotación de recursos naturales suelen ser cuantiosos. Gupta, Segura-Ubiergo & Flores (2014) encuentran que ese valor es equivalente al 28.5 % del PIB –promedio entre 2003 y 2013- en una muestra de 35 países que han clasificado como ricos en recursos naturales, además de que suelen representar una alta proporción del gasto público –o una mucho mayor.
A partir de eso, ha permanecido la
discusión acerca de cómo deben de emplearse esos ingresos, especialmente a
partir de las consecuencias que su gestión ha tenido en los países con gran
capacidad de explotación de recursos, hecho al que se suele referir como la
maldición de los recursos naturales.
Entre
las opciones disponibles se encuentra la incorporación de esos ingresos adicionales
al presupuesto o la gestión paralela al mismo. Los mismos autores recopliaron
información acerca de los mecanismos de distribución directa, los cuales se
encuadran en la gestión paralela y consisten en la transferencia directa de
ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales a los ciudadanos.
El proceso se fundamenta en la
economía del comportamiento. Algunos estudios relacionados a esa disciplina
sugieren que los individuos prestan atención a los cambios en sus ingresos –en
este caso, promovidos por las transferencias directas-, antes o en mayor medida
que a sus ingresos corrientes, y que las disminuciones en esos ingresos
adicionales –causadas por los impuestos, por ejemplo-, promueven el interés por
el destino que tienen esos fondos.
A partir de eso, el objetivo de la
transferencia directa de los recursos sería la reducción de la discrecionalidad
en la asignación de los recursos por parte de los gobernantes, y la generación
de un sentido de pertenencia de los recursos que los ciudadanos devolverían al
gobierno como impuestos –los cuales no serían descontados, sino cobrados-,
teniendo como consecuencia una mayor demanda por la rendición de cuentas en su
utilización. De esta manera, se alimentaría un ciclo que conduciría a la
transparencia en el uso de los recursos y la canalización de los mismos para la
efectiva satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Las
finanzas públicas serían resarcidas posteriormente, mediante la recaudación
fiscal, cuando esos ingresos previamente distribuidos, fueran gravados.
La concepción existente más cercana
a la puridad del mecanismo es la que se da en Alaska. En ese país existe un
fondo permanente al que se destina el 25 % de los impuestos relacionados con
actividades extractivas, cuyo capital principal se invierte y son los
rendimientos sobre el mismo los que se distribuyen entre la población adulta,
aunque con ciertas restricciones. De acuerdo con los autores, el relativo éxito
que esa modalidad ha tenido, se debe al respaldo que le propicia la
institucionalidad de ese estado. Sin embargo, la debilidad institucional suele
ser un factor que afecta a las economías con gran cantidad de recursos
naturales.
Dada su naturaleza, existen algunos
riesgos en la utilización indiscriminada de un mecanismo como este, entre los
que se encuentran la reducción de la oferta laboral y la profundización de la
desigualdad. La ausencia de evidencia empírica con relación a la aplicación de
este mecanismo, condujo a los autores a evaluar los riesgos a la luz de los
resultados de mecanismos que se basan en procedimientos similares, como los de
apoyo a los ingresos y las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Aunque
la información disponible no es concluyente, permite identificar que los
riesgos de reducción de la oferta laboral podrían mitigarse focalizando la
distribución de los recursos hacia la población más pobre, debido a que esta suele
tener una baja elasticidad del ocio, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la
desigualdad.
Adicionalmente, como resultado de
su análisis, los autores recomiendan que si se pretende incorporar el mecanismo
de distribución directa de los recursos, se debe de: considerar la posición
macroeconómica vigente y encuadrar la distribución de recursos en las
condiciones de estabilidad propias de la economía; analizar la capacidad del
sector privado de gestionar la escasez de los recursos, en atención a la
necesidad de suavizar el consumo en el tiempo, a partir de la potencial
disminución que el caudal financiero que generan los recursos naturales podría
tener en el futuro; tomar en cuenta que como consecuencia de la dicha
transferencia al sector privado, se disminuiría la capacidad financiera del
sector público, con lo cual la provisión de bienes públicos podría verse
amenazada. Además, no se deben de obviar los evidentes costos logísticos que la
recaudación de impuestos sobre las transferencias implicarían para la
administración tributaria, así como no se debe de sobreestimar la capacidad de recaudación
de esta última.
Si se considera lo anterior, los
autores valoran que la implementación de un mecanismo de distribución directa
podría ser más eficiente que los mecanismos tradicionales de redistribución, además de que contribuirían en la construcción de redes de seguridad
social. El diseño de un procedimiento de este tipo debe de incorporar los
factores antes mencionados y analizar la porción de los recursos que más
convendría distribuir a los hogares, frente a los objetivos de disminuir la
discrecionalidad del gobernante y de aumentar la rendición de cuentas. Así,
conviene definir con propiedad los roles de los sectores público y privado en
la transformación de las economías ricas en recursos naturales, para el mejor
aprovechamiento de los beneficios que estos generan en beneficio de su
población.
