Sistema Penitenciario: Queda todo por hacer

No ha habido una crisis más previsible que la que actualmente afecta al Sistema Penitenciario (SP).

Así como Edgar Camargo, Byron Lima y el resto de acusados no son los constituyentes del desastre en el sistema carcelario del país, tampoco son los traslados de reos lo único que se transa –y que es punible- al interior de las cárceles, con el consentimiento de los empleados penitenciarios en todos los niveles de mando.

Para cualquiera que conozca alguna de las cárceles del país, no es secreto que el origen del problema está en que estas funcionan con base en excepciones. Pareciera accesorio el hecho de que existe una ley y un reglamento que rigen el sistema –y que todos los reos deberían de ser iguales ante estos-, porque todo es admisible siempre y cuando esté enumerado en el permiso que supuestamente otorga la Dirección General. Tampoco es secreto que no todos esos permisos son auténticos, ni que la mayoría son obtenidos –en el caso en que sí lo sean- por quienes han logrado alguna cuota de poder dentro de la cárcel que los resguarda, ya sea porque son voceros del sector al que pertenecen, o porque continúan teniendo vínculos –incluso a nivel directivo- con sus estructuras criminales.

El logro de las capturas es laudable, sin duda, dado el persistente contexto de complicidad que garantiza la impunidad en el país. Sin embargo, se debe de analizar y cuestionar más allá de lo que ya ha sido dicho por la fiscalía, y la atención debe de dirigirse hacia las acciones del Ministro de Gobernación en cuanto al nombramiento del nuevo director, la efectiva toma de control de las cárceles, y el intento por depurar el sistema. Más importante aún, es cuestionar cuáles son los mecanismos más efectivos para evitar que reos y empleados del SP alcancen cuotas de poder que les permita abusar de su posición, considerando los incentivos a los que se enfrentan.

La militarización de las cárceles es una respuesta rápida –aunque necesariamente temporal- para suplantar las funciones de la Inspectoría General del SP, que ha demostrado ser inefectiva para echar en tierra las estructuras delictivas internas, así como el resto del sistema ha sido incapaz de garantizar su dominio. La destitución de otros funcionarios con potenciales vínculos con los ya detenidos, o con otros grupos que podrían estar delinquiendo al interior del sistema, es otra acción que podría incidir positivamente, pero en un plazo muy corto. La solución, de nuevo, apunta hacia la incorporación de controles internos y el establecimiento de incentivos para promover el apego a las normas en el personal penitenciario. Todo ello, sin duda, acompañado del tratamiento de otras necesidades que constantemente se recuerdan, como la ampliación de la infraestructura para reducir el hacinamiento carcelario.

En un plazo mayor, es necesario dar seguimiento a la definición de la política penitenciaria y a la efectiva implementación de programas para la rehabilitación y la reinserción social de los reos, que son otras de las funciones del sistema y que suelen permanecer olvidadas, ante las otras desbordantes necesidades del SP. 

Es importante no perder el enfoque, concentrarse en recuperar la institucionalidad del sistema y no equivocarse creyendo que dando castigo a una, dos o trece personas, los problemas del SP estarán resueltos, especialmente si el resto del sistema continúa operando de la misma manera. Sin duda, es mucho lo que queda por hacer.

Notas - Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?

Estas notas corresponden a la nota de debate publicada por el Fondo Monetario Internacional que se titula Direct Distribution of Resource Revenues: Worth Considering?. Un artículo relacionado se encuentra en el blog Diálogo a Fondo de la misma institución.

Los ingresos que los gobiernos perciben por la explotación de recursos naturales suelen ser cuantiosos. Gupta, Segura-Ubiergo & Flores (2014) encuentran que ese valor es equivalente al 28.5 % del PIB –promedio entre 2003 y 2013- en una muestra de 35 países que han clasificado como ricos en recursos naturales, además de que suelen representar una alta proporción del gasto público –o una mucho mayor. 

A partir de eso, ha permanecido la discusión acerca de cómo deben de emplearse esos ingresos, especialmente a partir de las consecuencias que su gestión ha tenido en los países con gran capacidad de explotación de recursos, hecho al que se suele referir como la maldición de los recursos naturales.

Entre las opciones disponibles se encuentra la incorporación de esos ingresos adicionales al presupuesto o la gestión paralela al mismo. Los mismos autores recopliaron información acerca de los mecanismos de distribución directa, los cuales se encuadran en la gestión paralela y consisten en la transferencia directa de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales a los ciudadanos.

El proceso se fundamenta en la economía del comportamiento. Algunos estudios relacionados a esa disciplina sugieren que los individuos prestan atención a los cambios en sus ingresos –en este caso, promovidos por las transferencias directas-, antes o en mayor medida que a sus ingresos corrientes, y que las disminuciones en esos ingresos adicionales –causadas por los impuestos, por ejemplo-, promueven el interés por el destino que tienen esos fondos.

A partir de eso, el objetivo de la transferencia directa de los recursos sería la reducción de la discrecionalidad en la asignación de los recursos por parte de los gobernantes, y la generación de un sentido de pertenencia de los recursos que los ciudadanos devolverían al gobierno como impuestos –los cuales no serían descontados, sino cobrados-, teniendo como consecuencia una mayor demanda por la rendición de cuentas en su utilización. De esta manera, se alimentaría un ciclo que conduciría a la transparencia en el uso de los recursos y la canalización de los mismos para la efectiva satisfacción de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Las finanzas públicas serían resarcidas posteriormente, mediante la recaudación fiscal, cuando esos ingresos previamente distribuidos, fueran gravados.

La concepción existente más cercana a la puridad del mecanismo es la que se da en Alaska. En ese país existe un fondo permanente al que se destina el 25 % de los impuestos relacionados con actividades extractivas, cuyo capital principal se invierte y son los rendimientos sobre el mismo los que se distribuyen entre la población adulta, aunque con ciertas restricciones. De acuerdo con los autores, el relativo éxito que esa modalidad ha tenido, se debe al respaldo que le propicia la institucionalidad de ese estado. Sin embargo, la debilidad institucional suele ser un factor que afecta a las economías con gran cantidad de recursos naturales.

Dada su naturaleza, existen algunos riesgos en la utilización indiscriminada de un mecanismo como este, entre los que se encuentran la reducción de la oferta laboral y la profundización de la desigualdad. La ausencia de evidencia empírica con relación a la aplicación de este mecanismo, condujo a los autores a evaluar los riesgos a la luz de los resultados de mecanismos que se basan en procedimientos similares, como los de apoyo a los ingresos y las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Aunque la información disponible no es concluyente, permite identificar que los riesgos de reducción de la oferta laboral podrían mitigarse focalizando la distribución de los recursos hacia la población más pobre, debido a que esta suele tener una baja elasticidad del ocio, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la desigualdad.

Adicionalmente, como resultado de su análisis, los autores recomiendan que si se pretende incorporar el mecanismo de distribución directa de los recursos, se debe de: considerar la posición macroeconómica vigente y encuadrar la distribución de recursos en las condiciones de estabilidad propias de la economía; analizar la capacidad del sector privado de gestionar la escasez de los recursos, en atención a la necesidad de suavizar el consumo en el tiempo, a partir de la potencial disminución que el caudal financiero que generan los recursos naturales podría tener en el futuro; tomar en cuenta que como consecuencia de la dicha transferencia al sector privado, se disminuiría la capacidad financiera del sector público, con lo cual la provisión de bienes públicos podría verse amenazada. Además, no se deben de obviar los evidentes costos logísticos que la recaudación de impuestos sobre las transferencias implicarían para la administración tributaria, así como no se debe de sobreestimar la capacidad de recaudación de esta última.

Si se considera lo anterior, los autores valoran que la implementación de un mecanismo de distribución directa podría ser más eficiente que los mecanismos tradicionales de redistribución, además de que contribuirían en la construcción de redes de seguridad social. El diseño de un procedimiento de este tipo debe de incorporar los factores antes mencionados y analizar la porción de los recursos que más convendría distribuir a los hogares, frente a los objetivos de disminuir la discrecionalidad del gobernante y de aumentar la rendición de cuentas. Así, conviene definir con propiedad los roles de los sectores público y privado en la transformación de las economías ricas en recursos naturales, para el mejor aprovechamiento de los beneficios que estos generan en beneficio de su población.

Keynes' attack on laissez faire and classical economics... and his posture

Hay mucha confusión en los medios y la opinión popular con relación a los postulados keynesianos. Esto es atribuible a las críticas de Keynes con respecto al mecanismo de laissez faire y a la economía clásica en general. Además, influye el hecho de que sus planteamientos, especialmente los plasmados en la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero (1936), han estado sujetos a revisión, extensión y ampliación, desde la publicación de ese libro.

Como plantean Huffnagle & Williams (1969), la discusión ha sido amplia en torno a si el modelo de Keynes es básicamente un completo rompimiento con la teoría clásica de la economía, o si es una extensión de la misma. Harris, tras analizar los escritos de Keynes, evidencia el ataque de este último al mecanismo de laissez faire y plantea que se deriva del fracaso de esa doctrina en explicar y resolver fenómenos de diversos ámbitos relacionados, en general, al empleo y la demanda. Son las consideracioines e ideas planteadas por Seymour E. Harris con relación a la postura de Keynes, las que se reproducen y sintetizan a continuación.

Algunas críticas de Keynes al laissez faire

Keynes responsabiliza a la preponderancia de la filosofía del libre mercado por la inacción de las autoridades monetarias frente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda (antes de la Depresión), y por el incumplimiento de sus objetivos. Entre estos últimos, Harris identifica a la liberación de las presiones externas que tienden a aumentar las tasas de interés, la restricción de la oferta monetaria, e incluso la fijación de controles que imposibiliten la exportación de dinero y eliminen sus efectos sobre la posición internacional.

Adicionalmente, Keynes consideraba que la economía clásica se preocupa únicamente por la distribución del producto y no por el empleo de los recursos. Así, la doctrina que critica asume que todo el ingreso proveniente de la producción es usado para comprar tal producción, lo cual surge a partir de la Ley de Say y evidencia la falta de estudio con repecto a lo que él denomina demanda efectiva. Ulteriormente, Keynes consideraba que la aplicación del laissez faire a algunos sectores de la economía pueden perjudicar a otras partes cuando esas son inflexibles.

¿Capitalismo o socialismo?

Otra situación igualmente preocupante para cualquiera que conozca los postulados keynesianos, es la de confundirlos con el ideal socialista, o cualquier otra doctrina que se le parezca.

A pesar de las críticas expuestas al laissez faire, no se puede afirmar que Keynes era partidario del marxismo ni del socialismo, doctrinas que consideraba como científicamente errónea y de nula aplicabilidad al mundo moderno. Sin embargo, tanto Marx como Keynes coincidían en la identificación de la explotación de los "capitalistas", la deficiencia de la demanda desde la perspectiva criticada, el exceso de ahorro, la eficiencia marginal decreciente del capital y la "insensatez" de la exportación de capital.

El objetivo de Keynes era la preservación del capitalismo, pero tras liberarlo de algunos aspectos que criticaba, como el ahorro excesivo, las altas tasas de interés y la preferencia del futuro sobre el presente, entre otros. Keynes permaneció como un defensor del capitalismo -aunque no en la concepción pura del mismo, sin duda-, lo cual se evidencia en sus críticas al Partido Laborista inglés, a la tiranía del sindicalismo, al socialismo y al comunismo e, incluso, en su negativa a despojar a los individuos de sus derechos de elegir qué comprar. En la Teoría General, sus palabras finales con relación al estatismo versus el liberalismo, fueron:

Our criticism of the accepted classical theory of economics has consisted not so much in finding logical flaws in its analysis as in pointing out that its tacit assumptions are seldom or never satisfied, with the result that it cannot solve the economic problems of the actual world.

Entre las bondades del capitalismo, Keynes encuentra la eficiencia de la decentralización, y considera que despojando al individualismo de sus excesos y defectos, este amplía las posibilidades de elección formal. Mostrar las ventajas del capitalismo en Keynes, no es el objetivo de Harris, sino es diferenciar la postura de Keynes de la mala interpretación que de esta se ha hecho, por lo cual no profundiza en esto. Sin embargo, menciona que, en 1926, Keynes reconoce que no hay otro sistema económico a la vista que sea más eficiente para alcanzar los objetivos económicos, que el capitalismo.

Variantes del keynesianismo

Entre todos los grupos que prevalecen como variantes del capitalismo, hay una consideración que comparten todos y que es fundamental en la doctrina keynesiana: la necesidad de garantizar, subsidiar, socializar o garantizar, la demanda; es responsabilidad del gobierno asegurar la adecuación de la demanda.

En los extremos se encuentran el grupo Beveridge y la postura de Polanyi. El primero, que sigue a Beveridge, consideran la distribución del trabajo y el capital, así como la concreción de medidas estrictas para frenar la inflación e, incluso, la fijación de estándares de consumo.

Por otro lado, la postura de Polanyi recae exclusivamente sobre la manipulación monetaria, en una dinámica de creación de dinero y extracción del mismo de la economía por parte del gobierno. Considera que no es cuestión del gobierno interferir en la asignación de los recursos, ni le compete gastarlos.

En el centro está la legítima postura de Keynes y la de la mayoría de sus seguidores, la cual recae en la expansión monetaria y en la socialización de la demanda, y es seguida, en términos generales, por quienes están conscientes de los problemas estructurales, pero reconocen, también, las dificultades prácticas de su eficaz consecución.

Cierre de la administración gubernamental en Estados Unidos

Según el Antideficiency Act de Estados Unidos, las agencias y programas que dependen de la administración federal deberán cerrar operaciones cuando carecen de financiamiento. La incapacidad de llegar a un acuerdo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con respecto al presupuesto del nuevo período fiscal, han obligado el cierre parcial y temporal de la administración del gobierno federal. El período del cierre es aún indefinido, puesto que las diferencias entre republicanos y demócratas con respecto al presupuesto, no auguran consenso.

La relevancia económica del cierre temporal mencionado se evidencia con el aporte del sector gubernamental (su gasto) a la economía estadounidense. En 2012, el gasto del gobierno federal estadounidense ascendió a casi una cuarta parte (22.9 %) del valor total de la economía de ese país. El Departamento de la Defensa es el que históricamente ha reportado mayor asignación en la composición del gasto del gobierno federal de Estados Unidos. En 2012, 18.4 % del gasto correspondió a la referida dependencia, mientras 24 % fue destinado al Departamento de Salud.

Dada la relevancia de la seguridad y salud nacionales, muchas de las actividades de los departamentos mencionados permanecerán sin cambio, incluyendo las que realizan las fuerzas armadas uniformadas, amparados en el Antideficiency Act y las excepciones que permite. Sin embargo, los empleados no recibirán pago alguno y no hay previsiones con respecto al pago de las personas que no están sujetas a excepciones, ya que el gobierno no está obligado a pagar por el tiempo que permanezcan sin laborar.

El dicho cierre implica, necesariamente y por el intercambio intertemporal del consumo y la inversión de los agentes económicos, que la situación económica mermará durante el tiempo que dure el cierre; tanto por la incertidumbre que genera en los mercados financiero y de capitales, como por la baja en la principal fuente de financiamiento del consumo de los hogares: el ingreso por trabajo. A partir de lo anterior y según lo demuestra la experiencia de 1995, año en que se registró una situación similar y que duró 21 días, cabe esperar un inmediato aumento de la actividad económica luego del cierre.

Durante el escenario de 1995, el consumo privado continuó creciendo durante el cuarto trimestre y lo hizo aún más durante el primer trimestre de 1996, según datos de la Reserva Federal de San Luis. El crédito de los hogares se redujo en 1996, luego de haber crecido en 14.4 % durante 1995, lo cual sugiere que la actividad económica de 1996 estuvo menos relacionada al crecimiento del crédito de los hogares.

Se observa que a pesar de las noticias, los mercados bursátiles parecen no responder de manera negativa, luego de la caída que reportaron el lunes 30, mientras los precios del petróleo y del oro continúan a la baja, reflejo de que la incertidumbre con respecto al cierre y sus efectos no ha tenido lugar. Es interesante este comportamiento, dado que algunos analistas cuantifican los efectos del cierre en una caída de la actividad económica estadounidense en el último trimestre de alrededor de 1.4 puntos porcentuales.

Con respecto a la economía guatemalteca, cabría esperar alguna depreciación del dólar si la incertidumbre tuviera cabida y esta fuera reflejada en los mercados mencionados; esto podría contrarrestar la apreciación que por motivos estacionales ha mostrado la moneda estadounidense desde agosto.

De lo contrario y por el reciente abastecimiento de inventarios en el país con motivo de las celebraciones de fin de año, no cabría esperar efectos en las importaciones, mientras que la experiencia de 1995 y su aumento en el crédito de los hogares evidencian que podría no afectarse la demanda estadounidense de productos guatemaltecos y su satisfacción (exportaciones). Nuevamente, esto dependerá de la duración del cierre y de cómo la incertidumbre política aumente o disminuya, con base en este hecho y la próxima ampliación del techo de la deuda en Estados Unidos, la cual deberá resolverse a más tardar el 17 de octubre, y cuya última discusión y aprobación se realizó a finales de 2011.

Índice de Estados fallidos

La organización Fund for Peace, en conjunción con la publicación Foreign Policy elaboran año con año, desde 2005, el Índice de Estados Fallidos (FSI, por sus siglas en inglés)[1]. Los factores determinantes de la calificación de los países y su posición en el ranquin del mencionado índice, son indicadores sociales, económicos, políticos y militares que atienden a la realidad de las sociedades de 177 países.

Tomando en cuenta que la definición de Estado fallido suele ser un tanto ambigua y que su ocurrencia podría darse solamente en alguna medida, en determinadas facetas o en un territorio específico y no necesariamente en la totalidad del Estado, el FSI no pretende sino mostrar qué países tienen un mayor riesgo de catalogarse como tales. Para ello, evalúa el cumplimiento efectivo que los Estados hacen de las funciones que le corresponden y la capacidad que tienen sus gobernantes de hacerlo. Su referencia son doce indicadores que contribuyen a que la definición del índice vaya más allá de la usual confusión entre ingobernabilidad y falla absoluta del Estado.

Los países que ocupan las diez primeras posiciones, cuya calificación fue la más alta y por lo tanto son los que más riesgo de catalogarse como Estados fallidos tienen, se caracterizan por ser Estados en los que la conflictividad social ha sido rampante en los últimos años, amenazando con prolongarse, y en los que las violaciones a los derechos humanos han vulnerado la existencia de sus ciudadanos, independientemente de la edad o grupo social al que pertenezcan. Así sucede en la República Democrática del Congo, cuya parte Este es denominada la «capital mundial de las violaciones» y ocupa la segunda posición del ranquin.

Otros países como Somalia, que es el primero de la lista, y Sudán, son claros ejemplos de cómo la conflictividad derivada de la ausencia de democracia, contribuye a la ingobernabilidad y al socavamiento de las funciones del Estado como un todo. Otros países, como Chad, son víctimas de los problemas que derraman sus vecinos, mientras Haití y la República Centroafricana también se encuentran entre los diez peores lugares por su vulnerabilidad e incapacidad de recuperación frente a desastres naturales, o a problemas de seguridad alimentaria, entre otros factores.

Guatemala ocupa el puesto número 70 en la lista y la puntuación más alta -la peor- en los doce grupos de indicadores que se evalúan, corresponde a la desigualdad en el desarrollo económico. Otros factores como la presión demográfica, la reivindicación de los pueblos originarios y su búsqueda de «venganza» le siguen en el orden de calificación, mientras que otros indicadores, como los de intervención extranjera, derechos humanos y aplicación de la ley, pobreza, legitimidad de las instituciones y de provisión de servicios públicos, obtienen una menor calificación, contribuyendo a mejorar la posición del país en la lista.

Tanto el ranquin como las calificaciones de Guatemala nos permiten poner en perspectiva la realidad nacional y evaluarla con respecto a la del resto de países del mundo. Ciertamente, si atendemos al FSI, algunos países de África y de Asia son más vulnerables de catalogarse como Estados fallidos -hay 69 antes que Guatemala-. Sin embargo, como partícipes de esta desventura nacional y en un contexto de escasa gobernabilidad -en algunas regiones-, conflictividad social, no aplicación de la ley y la justicia, no provisión de servicios básicos, y pobreza, no podemos relajarnos frente a la posición obtenida ni ante la realidad que vivimos diariamente. Ningún guatemalteco puede negar las grandes carencias que la sociedad enfrenta, ni las angustias que todo ciudadano vive diariamente dentro del esquema descrito.

Una vez más, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza y Dinamarca ocupan los mejores puestos. No está de más revisar tanto la historia como las políticas públicas dirigidas en esos países, a fin de determinar si es posible importarlas a Guatemala y el momento oportuno para hacerlo y que nuestra sociedad sea capaz de acogerlas. La puntuación de los 177 países y la lista que establece el ranquin pueden ser consultados en: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable.

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[1] The Failed States Index 2013: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable

La inversión extranjera frente a las carencias sociales

De pronto, la bandera de los gobiernos de América Latina ha cambiado de enfoque y, en ocasiones, parecieran centrarse en un modelo de desarrollo con base en la inversión extranjera. Las intenciones por atraerla se han incrementado en Centroamérica, región cuyos países se han esforzado en mendigar los fondos destinados a la cooperación por parte de los países «desarrollados».

Así lo demuestran tanto las actividades desarrollados en Honduras y Guatemala para la promoción de la inversión -con una organización impecable-, como las dádivas chinas en Costa Rica. El mendrugo por el que pelean ahora es la inversión china y la taiwanesa, el primero de los cuales trata de ganar terreno político en América Latina, mientras que el segundo está más preocupado por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a su «apoyo».

Como he mencionado en una anterior publicación, la estampa de estos movimientos es la teoría del derrame (trickle down theory), la cual plantea que los beneficios a los que tengan acceso las personas que invierten, son determinantes del bienestar de los más pobres, de mejoras en el país y de la economía en general. 

Que la inversión es positiva para el desempeño de la economía y la mejora de los países no es cuestionable. Sin embargo, el momento en el que las políticas públicas de un país se esfuerzan en aumentarlas no debe de estar supeditado a las intenciones de las élites nacionales, ni debe significar el desplazamiento de las políticas que están dirigidas directamente a mejorar el nivel y calidad de vida de sus ciudadanos.

La tarea aún está pendiente en Guatemala, en donde la desnutrición, la educación, la salud y la inseguridad, son temas a los que no se puede dejar de prestar atención. De manera personal, estoy convencido de que  hay que quitarle el hambre a la gente, antes de ponerla a trabajar, o en el mejor de los casos, hacerlo simultáneamente.

Para dejar de ser un país de ineptos, tenemos que dejar de producirlos. Esto es, prestar atención a los problemas de las bases de la sociedad que son los que no permiten que nuestro país salga adelante; invertir en la sociedad y en atender sus carencias. Por eso, tanto los esfuerzos públicos como los privados, dirigidos a la reducción de la desnutrición, mejora de la educación y la salud en el país, son positivos desde cualquier perspectiva.

¿Corredor interoceánico en Guatemala?

En noviembre de 2011, cuando aún era Presidente Electo, Otto Pérez Molina se comprometió, durante un evento en el estadio de Zacapa y junto a seis de sus futuros ministros, a apoyar el proyecto del Corredor Tecnológico Interoceánico. Los desarrolladores del corredor, un proyecto de iniciativa privada, utilizan al Estado a nivel de gobierno central y de municipalidades para la consecución de acuerdos, además de la atracción de inversión extranjera.

En el contexto de los esfuerzos de atracción de la inversión en que han emprendido los gobiernos de la región centroamericana -mencionado en una publicación anterior-, el Presidente Pérez Molina, cual gestor o promotor del referido proyecto, se encargó de buscar inversionistas para el mismo, durante su reciente visita a Taiwán.

El referido megaproyecto constituye un puente terrestre que atravesará 22 municipios y cuenta con el apoyo de 46 municipalidades, en aras de aumentar el desarrollo local. Planean, entre otras cosas, construir dos terminales portuarias, un aeropuerto, un oleoducto y un ferrocarril que atraviesen 372 kilómetros de Jutiapa a Izabal.

Más allá de lo cuestionable que podría resultar la capacidad de los desarrolladores del Corredor de conseguir el financiamiento deseado de manera lícita, el verdadero reto es la magna competencia frente a la cual se enfrentaría el puente. Corredores interoceánicos pretenden crearse a lo largo del istmo e incluso en Sudamérica, en competencia con los puentes terrestres estadounidenses, con el canal de Panamá y la ampliación del mismo, la cual, según Julio Héctor Estrada, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-, es el mayor de los desafíos. Con la ampliación del Canal de Panamá y la capacidad de la prestación de su servicio, las soluciones tardías que ofrece el resto del istmo a una problemática que pronto estará desvanecida, son ilusorias.

La reciente concesión otorgada a un inversionista chino para la construcción y administración de un corredor similar en Nicaragua, disminuye aún más la posibilidad de que el que pretende construirse en Guatemala, represente un atractivo para inversionistas extranjeros, especialmente si se mantiene el ritmo que hasta ahora se ha evidenciado lento y completamente desfasado con la planificación incialmente planteada.

Tanto la promoción de Pérez en Taiwán, como la concesión de Nicaragua al empresario chino, evidencian la flagelación de los gobiernos de la región ante el capital proveniente de China y Taiwán, lo cual no deja de ser parte de la estrategia política de ambos países asiáticos. El primero de ellos, tratando de ganar terreno político en América Latina, mientras el segundo se preocupa por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a sus dádivas.

Tanto Pérez como Ortega se esfuerzan porque su legado sea de prosperidad y desarrollo para sus países, dejando en claro que que la máscara o estampa de los mencionados esfuerzos es la Trickle down theory. Frente a los beneficios en materia de empleo y de expansión de la producción nacional, cabe también cuestionar la capacidad de la población de los municipios involucrados, de ejercer en puestos de trabajo como los generables por la iniciativa. 

Chiquimula y Zacapa, ambos departamentos en los que tendría presencia el Corredor, ocupan el segundo y tercer puesto en el nivel de pobreza extrema rural, según el Mapa de Pobreza Rural 2011. En general, los departamentos de la región que atravesará el proyecto cuentan con una pobreza rural de entre 60 y 79 %, según el mapa referido. En cuanto al analfabetismo en la región, Conalfa reportaba, al 2011, que las tasas van del 19 al 27 % de sus poblaciones. Además, al año 2010, la PEA de la región era de alrededor del 10 % del total del país.

Así, cabría esperar que sean los pobladores de otras regiones del país los que, con mejores condiciones de educación, salud y capacidad técnica, sean los aceptados a cubrir las plazas de empleo en el proyecto, en el largo plazo y luego de la construcción del mismo.

Lo anterior no supone una crítica a los beneficios que, en el corto plazo, generaría la consecución del proyecto para los pobladores de los municipios que atravesaría. Es, en cambio, un llamado de atención a los esfuerzos gubernamentales por arrogarse la promoción del proyecto y una solicitud a que, en cambio, destinen la mayor parte de los mismos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos en el largo plazo, mediante la adecuada orientación de políticas públicas, sin las cuales, el beneficio a obtener por proyectos de inversión e infraestructura, no dejará de ser para algunos pocos.