En el contexto de los esfuerzos de atracción de la inversión en que han emprendido los gobiernos de la región centroamericana -mencionado en una publicación anterior-, el Presidente Pérez Molina, cual gestor o promotor del referido proyecto, se encargó de buscar inversionistas para el mismo, durante su reciente visita a Taiwán.
El referido megaproyecto constituye un puente terrestre que atravesará 22 municipios y cuenta con el apoyo de 46 municipalidades, en aras de aumentar el desarrollo local. Planean, entre otras cosas, construir dos terminales portuarias, un aeropuerto, un oleoducto y un ferrocarril que atraviesen 372 kilómetros de Jutiapa a Izabal.
Más allá de lo cuestionable que podría resultar la capacidad de los desarrolladores del Corredor de conseguir el financiamiento deseado de manera lícita, el verdadero reto es la magna competencia frente a la cual se enfrentaría el puente. Corredores interoceánicos pretenden crearse a lo largo del istmo e incluso en Sudamérica, en competencia con los puentes terrestres estadounidenses, con el canal de Panamá y la ampliación del mismo, la cual, según Julio Héctor Estrada, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-, es el mayor de los desafíos. Con la ampliación del Canal de Panamá y la capacidad de la prestación de su servicio, las soluciones tardías que ofrece el resto del istmo a una problemática que pronto estará desvanecida, son ilusorias.
La reciente concesión otorgada a un inversionista chino para la construcción y administración de un corredor similar en Nicaragua, disminuye aún más la posibilidad de que el que pretende construirse en Guatemala, represente un atractivo para inversionistas extranjeros, especialmente si se mantiene el ritmo que hasta ahora se ha evidenciado lento y completamente desfasado con la planificación incialmente planteada.
Tanto la promoción de Pérez en Taiwán, como la concesión de Nicaragua al empresario chino, evidencian la flagelación de los gobiernos de la región ante el capital proveniente de China y Taiwán, lo cual no deja de ser parte de la estrategia política de ambos países asiáticos. El primero de ellos, tratando de ganar terreno político en América Latina, mientras el segundo se preocupa por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a sus dádivas.
Tanto Pérez como Ortega se esfuerzan porque su legado sea de prosperidad y desarrollo para sus países, dejando en claro que que la máscara o estampa de los mencionados esfuerzos es la Trickle down theory. Frente a los beneficios en materia de empleo y de expansión de la producción nacional, cabe también cuestionar la capacidad de la población de los municipios involucrados, de ejercer en puestos de trabajo como los generables por la iniciativa.
Chiquimula y Zacapa, ambos departamentos en los que tendría presencia el Corredor, ocupan el segundo y tercer puesto en el nivel de pobreza extrema rural, según el Mapa de Pobreza Rural 2011. En general, los departamentos de la región que atravesará el proyecto cuentan con una pobreza rural de entre 60 y 79 %, según el mapa referido. En cuanto al analfabetismo en la región, Conalfa reportaba, al 2011, que las tasas van del 19 al 27 % de sus poblaciones. Además, al año 2010, la PEA de la región era de alrededor del 10 % del total del país.
Así, cabría esperar que sean los pobladores de otras regiones del país los que, con mejores condiciones de educación, salud y capacidad técnica, sean los aceptados a cubrir las plazas de empleo en el proyecto, en el largo plazo y luego de la construcción del mismo.
Lo anterior no supone una crítica a los beneficios que, en el corto plazo, generaría la consecución del proyecto para los pobladores de los municipios que atravesaría. Es, en cambio, un llamado de atención a los esfuerzos gubernamentales por arrogarse la promoción del proyecto y una solicitud a que, en cambio, destinen la mayor parte de los mismos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos en el largo plazo, mediante la adecuada orientación de políticas públicas, sin las cuales, el beneficio a obtener por proyectos de inversión e infraestructura, no dejará de ser para algunos pocos.
El referido megaproyecto constituye un puente terrestre que atravesará 22 municipios y cuenta con el apoyo de 46 municipalidades, en aras de aumentar el desarrollo local. Planean, entre otras cosas, construir dos terminales portuarias, un aeropuerto, un oleoducto y un ferrocarril que atraviesen 372 kilómetros de Jutiapa a Izabal.
Más allá de lo cuestionable que podría resultar la capacidad de los desarrolladores del Corredor de conseguir el financiamiento deseado de manera lícita, el verdadero reto es la magna competencia frente a la cual se enfrentaría el puente. Corredores interoceánicos pretenden crearse a lo largo del istmo e incluso en Sudamérica, en competencia con los puentes terrestres estadounidenses, con el canal de Panamá y la ampliación del mismo, la cual, según Julio Héctor Estrada, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-, es el mayor de los desafíos. Con la ampliación del Canal de Panamá y la capacidad de la prestación de su servicio, las soluciones tardías que ofrece el resto del istmo a una problemática que pronto estará desvanecida, son ilusorias.
La reciente concesión otorgada a un inversionista chino para la construcción y administración de un corredor similar en Nicaragua, disminuye aún más la posibilidad de que el que pretende construirse en Guatemala, represente un atractivo para inversionistas extranjeros, especialmente si se mantiene el ritmo que hasta ahora se ha evidenciado lento y completamente desfasado con la planificación incialmente planteada.
Tanto la promoción de Pérez en Taiwán, como la concesión de Nicaragua al empresario chino, evidencian la flagelación de los gobiernos de la región ante el capital proveniente de China y Taiwán, lo cual no deja de ser parte de la estrategia política de ambos países asiáticos. El primero de ellos, tratando de ganar terreno político en América Latina, mientras el segundo se preocupa por mantener la lealtad que han mostrado los países de la región frente a sus dádivas.
Tanto Pérez como Ortega se esfuerzan porque su legado sea de prosperidad y desarrollo para sus países, dejando en claro que que la máscara o estampa de los mencionados esfuerzos es la Trickle down theory. Frente a los beneficios en materia de empleo y de expansión de la producción nacional, cabe también cuestionar la capacidad de la población de los municipios involucrados, de ejercer en puestos de trabajo como los generables por la iniciativa.
Chiquimula y Zacapa, ambos departamentos en los que tendría presencia el Corredor, ocupan el segundo y tercer puesto en el nivel de pobreza extrema rural, según el Mapa de Pobreza Rural 2011. En general, los departamentos de la región que atravesará el proyecto cuentan con una pobreza rural de entre 60 y 79 %, según el mapa referido. En cuanto al analfabetismo en la región, Conalfa reportaba, al 2011, que las tasas van del 19 al 27 % de sus poblaciones. Además, al año 2010, la PEA de la región era de alrededor del 10 % del total del país.
Así, cabría esperar que sean los pobladores de otras regiones del país los que, con mejores condiciones de educación, salud y capacidad técnica, sean los aceptados a cubrir las plazas de empleo en el proyecto, en el largo plazo y luego de la construcción del mismo.
Lo anterior no supone una crítica a los beneficios que, en el corto plazo, generaría la consecución del proyecto para los pobladores de los municipios que atravesaría. Es, en cambio, un llamado de atención a los esfuerzos gubernamentales por arrogarse la promoción del proyecto y una solicitud a que, en cambio, destinen la mayor parte de los mismos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos en el largo plazo, mediante la adecuada orientación de políticas públicas, sin las cuales, el beneficio a obtener por proyectos de inversión e infraestructura, no dejará de ser para algunos pocos.
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